El proyecto aborda la problemática que plantea la transición energética en el contexto de la integración del VE, evaluando el impacto social ante la imposición de políticas regulatorias, y pudiendo servir, por tanto, como herramienta de diseño de un nuevo marco regulatorio. Para ello, se desarrolla un modelo de expansión dinámico que habilita inversiones tanto en los sectores eléctrico como de transporte (dentro de éste, tanto en VE como en VC) para poder realizar un estudio unificado de ambos sectores. Se propone un modelo que calculará el perfil óptimo del parque de manera endógena, deslastrando efectos subjetivos, y teniendo en cuenta la relación dinámica y combinada de todas las variables involucradas (técnicas, económicas y ambientales) para ambos sectores, a lo largo de un horizonte de planificación de largo alcance (de 2017 a 2037).
El marco de decisión consiste en la minimización de la suma de los costes de los sectores eléctrico y del transporte (costes de operación/combustible, mantenimiento, inversión, emisiones etc.) desde una perspectiva social, como si ambos fueran dirigidos por una entidad pública que actúa a modo de operador centralizado.